El día 5 de agosto de 2009 a las seis de la mañana vinieron a mi casa varios policías y sin dar explicación alguna, se llevaron a mi esposo en una patrulla. En la Estación de Policía me explicaron después que el motivo de la detención era porque él pertenecía a un grupo de los Derechos Humanos y que lo habían detenido para que no asistiera a una actividad que se iba a efectuar ese día (aniversario de los sucesos en el malecón en 1994). Lo dejaron en libertad a las nueve de la noche y lo ob ligaron a firmar un acta donde decía que estaba detenido por vivir ilegal en mi casa. Le advirtieron que la casa estaría bajo vigilancia y si lo sorprendía allí lo procesarían ante los tribunales. Añadieron que ni siquiera podía ir a visitar a sus hijos.
Nosotros estamos casados hace seis años y vivimos bajo el mismo techo desde hace tres años. El propietario legal del inmueble era mi abuelo, que era el que se ocupaba de prorrogar los documentos que permitían que mi esposo viviera en su casa. Este proceso se hacía debido a que mi esposo procede de la provincia Habana y debido a regulaciones existentes no le permiten hacer el traslado definitivo. Como mi abuelo falleció ya no resulta posible volver a solicitar prorrogas y eso convierte a mi esposo en un ocupante ilegal. Desde entonces duerme en un parque pues no tiene a donde ir, ya que su dirección anterior, la que aparece en su carné de identidad, es en un medio básico de donde fue sacado hace cinco años.